Gustavo Sáenz está en pie de guerra con los intendentes de Salta luego de la destitución de dos jefes comunales en menos de un mes y la intervención de cuatro distritos.

Se trata de los municipios de Rosario de la Frontera, Aguaray, Campo Quijano y Santa Victoria. En el último mes, dos de ellos, Rojelio Neron (Santa Victoria Este) y Enrique Prado (Aguaray) fueron destituidos de sus cargos tras la realización de auditorías que detectaron irregularidades de distintos tipos.

Actores políticos involucrados hicieron notar su preocupación ante la proliferación de estos episodios. "Nos parece muy bien que ante posibles casos de corrupción se lleven adelante investigaciones. Lo que es llamativo es que salga ahora todo junto. Es como si se quisiera desviar la atención de otras cosas y si les molestara la autonomía de los intendentes", razonan y apuntan al gobernador.

La provincia sigue inmersa en una crisis sanitaria y política a la que se suman conflictos con Greenpeace y la comunidad indígena, como adelantó LPO.

Sáenz mudó su gabinete para desactivar una marcha indígena pero no la pudo frenar

La pelea de Saénz con los intendentes se viene calentando por el manejo de la pandemia, que ya se cobró a la ministra de Salud.

Rojelio Neron (Frente de Todos) es el ex intendente del Municipio de Santa Victoria Este. Fue destituido tras el voto de cinco de un total de siete concejales. Entre los principales argumentos para apartarlo de su cargo, se lo acusó por la falta de presentación de Presupuesto, el mal desempeño de sus funciones y compras efectuadas por montos superiores a los mínimos obligatorios estipulados para realizar una licitación pública. Tampoco informó el estado contable del municipio durante al menos dos trimestres.

El de Enrique Prado es tal vez el caso más contundente por la gravedad de los hechos. Llegó a ocupar el cargo de intendente del Municipio de Aguaray a través de Frente de Todos pero fue destituido y detenido el pasado 18 de noviembre a pedido del fiscal Villalba tras ser investigado por fraude a la administración pública. El ahora ex intendente es acusado de facilitar la sustracción millonaria de caños del gasoducto del NEA. Cuatro días más tarde asumió Adrián Zigarán como interventor designado por el Gobierno de Salta.

Manuel Cornejo, ex intendente del Municipio de Campo Quijano, fue acusado de hacer desaparecer 84 millones de pesos. Además, se encuentra imputado por incumplir los deberes de funcionario público y también se lo acusa de sustraer maquinaria pesada y otros bienes muebles.

Gustavo Solis (Frente de Todos), intendente del Municipio de Rosario de la Frontera, supo ser considerado uno de los intendentes "modelo" durante el mandato de Juan Manuel Urtubey. Pero luego de dar una imagen de unidad en una reunión con la dirigencia del Frente de Todos, Gustavo Orozco, diputado provincial lo denunció por irregularidades millonarias en su gestión. Habría emitido facturas y pagos por duplicado y creado fundaciones fantasmas. El diputado aseguró que lo que sucedía en el municipio era de público conocimiento, pero el Gobierno y la Cámara de Diputados lo apañaba. "La corrupción en Salta es moneda corriente, pero tiene que empezar a cambiar", recalcó.